• Recursos administrativos.

    • Procedimientos contencioso-administrativos.

    • Reclamaciones patrimoniales.

    • Sanciones administrativas.

    • Contratación pública.

    • Defensa ante organismos públicos.

    • Asesoramiento a ayuntamientos y entidades públicas.

Defensa de particulares y empresas frente a actuaciones de la Administración Pública